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| . Desmonte en el área de Pizarro, Salta. (CC BY-NC-ND 3.0 - M.A.ƒ.I.A) |
En Argentina
se produce el 4,3 por ciento de la deforestación mundial. Y Salta, en el
noroeste, en frontera con Tarija (Bolivia), es líder entre las provincias de
ese país. El agronegocio, las complicidades políticas, jurídicas y empresariales
están detrás.
Texto: Darío
Aranda
Fotos:
M.A.f.I.A
Cada día
desaparece en Salta una superficie récord de monte nativo. A razón de 164
canchas de fútbol cada 24 horas. Aunque está vigente una ley que protege los
bosques, en la provincia fueron arrasadas 358 mil hectáreas en seis años.
“Esta semana
nos avisaron que van a voltear 3.000 hectáreas donde vivimos. Nadie nos
preguntó. Y a nadie vamos a dejar pasar. Nosotros vivimos, nosotros morimos
acá”, avisó Ramón Paz, de la Federación Wichí Ruta 81 de Salta. El motivo de la
deforestación es el modelo agropecuario que avanza en el norte argentino.
La Escuela
de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) denunció que el
despojo de la tierra conlleva al desplazamiento de pueblos originarios y
campesinos a las periferias urbanas, y alertó: “Este avance sobre los derechos
de los pueblos indígenas implica su extinción”.
En Argentina
se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial.
La Ley
La Ley
Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
(más conocida como Ley de Bosques) fue aprobada el 28 de noviembre de 2007. La
ley durmió en el despacho presidencial catorce meses para su promulgación
(último paso para su plena vigencia). En febrero de 2008 un alud
destruyó
buena parte de la ciudad salteña de Tartagal. Fuerte lluvias, la actividad
petrolera en los cerros aledaños y la tala selectiva fueron un combo que barrió
aguas abajo con casas y vidas.
El
gobernador Juan Manuel Urtubey habló de “desastre natural”. Rápidamente las organizaciones
sociales y académicos salteños apuntaron a la actividad del hombre, la tala y
el desmonte. La Presidenta visitó la zona. A su regreso, el 13 de febrero de
208, puso su firma y promulgó la ley.
La norma
establecía un reordenamiento territorial en cada provincia que identificara las
zonas de monte en tres colores. Rojo (no se puede desmontar), amarillo
(requiere estudios y autorizaciones para realizar actividades intensivas) y
verde (se puede desmontar). En 2009, Salta aprobó el reordenamiento (fue muy
cuestionado por las organizaciones rurales y ambientales por no contar --como
establecía la ley-- con participación de la sociedad civil).
Datos duros
Entre 2008 y
2013 se desmontaron en Salta 358.723 hectáreas, de las cuales 112.000 estaban
en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por
la Ley de Bosques). Los datos fueron procesados, estudiados y confirmados por
el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de
Agronomía (Universidad de Buenos Aires). Detalló que en 2008 (primer año de
vigencia de la Ley)
fue el
récord de desmonte: 110.000 hectáreas. En 2009 se arrasaron 46.000 y en 2010
ascendió a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte
salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas.
Equivale a un promedio de 164 canchas de fútbol por cada día, siete hectáreas
de monte salteño desaparecen cada hora.
En julio
pasado, Greenpeace denunció que en sólo dos meses se habían desmontado
6.350
hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120 mil hectáreas estaban
en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es
preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente
de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta,
en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, denunció Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El desmonte
es una política de Estado sostenida por los distintos gobiernos provinciales.
Entre 1998 y 2002 la superficie desmontada fue de 194 mil hectáreas. Entre 2002
y 2006 se duplicó (415 mil). Cuando Juan Manuel Urtubey estaba en campaña para
su primera gobernación (2007) se diferenciaba del entonces gobernador Juan
Carlos Romero. “Se
acabó el festival de desmontes”, era uno de sus latiguillos de campaña. No
cumplió.
La Red
Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a organizaciones
y activistas. Estudia, acompaña en territorio a las comunidades y procesa la
información oficial sobre el avance extractivo en el norte del país. Detallan
que entre 1976 y 2012, en Salta se arrasaron dos millones de hectáreas de
monte. Un récord que le vale a Salta un título: la capital del desmonte.
Recategorizar
Para
ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley o se
desvirtúa el espíritu de la norma. La palabra clave es “recategorizar”. El
gobierno salteño estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa”
y que podía ser modificada por el Ministerio de Ambiente provincial. Los campos
que en el mapa original aparecen amarillos o rojos (zonas
protegidas) las pasan a “verde” para luego desmontarlas.
Las
recategorizaciones violan el artículo 14 de la Ley de Bosques. “No podrán
autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I
(rojo) y II (amarillo)”. Contradice también el artículo 9 del decreto 91/2009 (reglamentación
nacional de la Ley): “
En la
Categoría I (rojo), que dado su valor de conservación no puede estar sujeta a
aprovechamiento forestal, podrán realizarse actividades de protección,
mantenimiento,
recolección
y otras que no alteren los atributos intrínsecos”.
Las
modificaciones de categorías nunca pueden, según la misma ley,
disminuir el
nivel de protección de un campo. “En caso de duda respecto de la afectación de
un predio en forma total o parcial, se optará por la categoría
de mayor
valor de conservación”. En Salta se hace todo lo contrario. Ante la duda, se
pasa topadora.
“Los grandes
terratenientes ya no necesitan esconderse para deforestar donde está prohibido.
Aunque parezca increíble, el Gobierno autoriza desmontes a pedido. Modifica la
zonificación de las fincas establecida por la Ley de Bosques y todo queda
prolijamente 'dentro de la ley'”, afirma Giardini, de Greenpeace.
Otra
incoherencia gubernamental es el decreto provincial 2789, que prohíbe los desmontes
en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas
establecido en la Ley Nacional 26.160 (Emergencia Comunitaria Indígena). El
relevamiento territorial no se realizó, por ejemplo, en la comunidad wichí
Cuchuy
(municipio
de Ballivián, departamento San Martín), pero aún así se efectuó la audiencia
pública para desmontar diez mil hectáreas de territorio.
Coerción
Para
recategorizar necesitan, tanto empresas como Gobierno, un visto bueno de los
habitantes del lugar, campesinos e indígenas. Es el momento de la estafa, la
coerción o el simulacro de consulta. En el caso de la comunidad wichí Cuchuy las
empresas hicieron firmar comodatos a criollos e indígenas donde ceden el
territorio a cambio de la donación de 300 hectáreas y diez viviendas.
“Un aspecto
muy preocupante es cómo tratan la resolución del 'conflicto social' para pasar
de amarillo a verde y autorizar el desmonte. Es brutal la presión metida por
todos (intendentes, empresas, Secretaría de Ambiente) sobre las familias wichí
que habitan ancestralmente cada lugar. Tenemos prueba de todos los documentos
que les hacen firmar. Quienesgestionan esas firmas son los que proveen de agua,
quienes proveen ambulancia, bolsones de alimentos. ¿Cómo no van a firmar si de
eso depende tener agua o comida?”, alertó Ana Alvarez, de Redaf.
En el caso
de la finca Cuchuy (donde vive la comunidad wichí del mismo nombre), las
familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus
derechos. Y firmaron un comodato a favor de los empresarios. Les quedarán 300
hectáreas y perderán 9700.
Las cuatro
familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el
“acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar
porque no saben leer ni escribir. El escrito que firmaron detalla que sólo
tendrán cinco hectáreas por familia (20 hectáreas total)
Tienen como
principal actividad de sustento la ganadería (cuenta con 600 cabezas de ganado),
pero en 20 hectáreas sólo podrán mantener una decena de animales.
Empresarios
y funcionarios saben que, al perder su forma de vida, los campesinos migrarán del
campo.
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| Rodolfo Angel, miembro de la comunidad wichi de Paraje Corralito. CC BY-NC-ND 3.0 - M.A.ƒ.I.A |
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| Víctor Morales, miembro de la comunidad wichi de Paraje Cuchuy. |
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| Sebastian Segundo, hijo del cacique Pedro Segundo. CC BY-NC-ND 3.0 - M.A.ƒ.I.A |
La mayoría
de las familias wichí que “firmaron” no escriben ni leen, incluso no hablan
castellano. “Viven en una situación socioeconómica alarmante por la violación
sistemática de sus derechos humanos. Sufren falta de alimentación, de acceso al
agua potable, a la vivienda digna, a la educación y a la salud pública. Los
problemas en los que se ven inmersos son producto, en su gran mayoría, del
despojo territorial que han venido sufriendo en forma sistemática por parte de
particulares, con anuencia de los estados provincial y nacional”, aseguró el defensor
oficial Julián Langevin en su informe a la Corte Suprema de Justicia en 2009.
Modelo
El principal
motivo del desmonte es el avance del modelo transgénico (principalmente soja).
En el 2000, en Salta existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña fue
de 600 mil hectáreas. Con el maíz transgénico pasó algo similar: 61 mil
hectáreas en el 2000. En 2013 abarcó 162 mil hectáreas. A medida que retrocede
el monte, avanza el agronegocio.
Otro factor
de peso es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la
soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas,
de monte nativo.
Según
estadísticas del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA, del
Ministerio de Agricultura de la Nación), en el 2000 había en Salta 420 mil
cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un
millón de cabezas.
El gobierno
de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030.
Lo que implica avanzar sobre nuevas tierras.
En Gobierno
Nacional, junto a provincias y empresas, impulsa el Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), que aspira a aumentar la producción granaria un 60 por
ciento para 2020 (pasar de las 100 millones de toneladas actuales a 160
millones de toneladas). El mismo texto del PEA explicita un 27 por ciento de
aumento del área sembrada (pasar de 32 millones de hectáreas a 41 millones). Se
profundizará el avance sobre la zona el norte argentino.
Directa
relación con el modelo impulsado es lo difundido en marzo pasado en el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, donde participan más de 300
científicos de todo el mundo): el 4,3 por ciento de la deforestación global
ocurre en Argentina.
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| Desmonte, la ley de la selva. CC BY-NC-ND 3.0 - M.A.ƒ.I.A |
Empresarios
Greenpeace
difundió en mayo pasado un listado de empresarios vinculados a la violación de
la Ley de Bosques.
En el
informe “Desmontes S.A. La responsabilidad empresaria y gubernamental”, apunta
a Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas (Macri Group,
Socma, Chery Argentina, Pago Fácil), Aldo Navilli (Molino Cañuelas, Vitamina),
Alejandro Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Cliba), João Pereira Coutinho
(Volkswagen
Portugal), Bruno Varela Marín (productor ganadero uruguayo), Martín Laplacette
(director de la filial local del grupo brasileño André Maggi), Andrés von Buch
(directivo de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana) y Arnaldo
Hasenclever (director de la filial local de Grant Thornton International). Son
sólo algunos de los empresario nacionales y extranjeros que avanzan sobre
tierras campesinas e indígenas.
Una de las
empresas más cuestionada fue Molino Cañuelas (propiedad de Aldo Adriano Navilli
y sus hijos), fabricantes de los conocidos
“Bizcochos 9
de Oro”. Propietaria de la estancia “El Carmen”, que pretende desmontar 6000
hectáreas de monte salteño en cercanías de la ciudad de Embarcación. La empresa
exporta harina de trigo, elabora y comercializa aceites, y forma parte del
mismo grupo empresario que controla las empresas de marca de ropa Vitamina y
Uma.
En la finca
El Yuto, de 20 mil hectáreas en el departamento San Martín, fue clasificada
como Categoría II (amarillo), pero el administrador pidió el desmonte de 8163
hectáreas para explotación agrícola. Es propiedad de Franco Macri y sus hijos
(entre ellos, el Jefe de Gobierno porteño) y serán afectadas las comunidades
indígenas
La Chirola,
La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
Alejandro Roggio
(uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en
construcciones, higiene urbana y transporte) es propietario de la finca La
Maravilla. Logró autorización para desmontar 1423 hectáreas.
Derechos
humanos
La Defensoría
del Pueblo de la Nación publicó en 2012 un informe titulado “Vulneración a los
derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes
irregulares en Salta”. Resume que el corrimiento de la frontera agropecuaria
implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas.
Constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades,
incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte
del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas
(INAI). “Se
ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e
indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la
Provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un
conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas
las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias
imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La
Defensoría hizo hincapié en la zona de la ruta nacional 81, que recorre el
noreste de Salta, región del chaco argentino. En el kilómetro 1790 se ubica la
localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín), zona de campesinos
criollos y comunidades wichí que denuncian la presión para que dejen sus
tierras, la tala indiscriminada, el cierre de caminos, falta de presencia del
INAI, inacción del Ministerio de Ambiente de la provincia, necesidad de obras
de agua potable y mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo confirmó
cada una de las denuncias en las comunidades La Chirola, Las Llanas, La
Golondrina, La Paloma, Las Moras, Media
Luna, Pozo
El Bravo, La Fortuna, Monte Seco, Pozo Los Indios, y El Vizcacheral.
El informe
hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las
comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de
ganadería de las familias criollas e indígenas. “Sus capacidades productivas se
ven fuertemente mermadas por la acción de los grandes finqueros. Sus vacas no tendrán
lugar donde pastar y ellos tendrían que emigrar faltos de trabajo”, explica el
informe.
“Estamos
peor que hace dos años. El Gobierno y las empresas nos quieren apretar por
todos lados. Esta semana nos avisaron que aprobaron el desmonte de 3.000
hectáreas nuestras. No los vamos a dejar. Nosotros vivimos acá”, avisó enojado
Ramón Paz, de Misión Salím y de la Federación Wichí de la cuenca del Río
Bermejo (a 40 kilómetros de la ciudad de Embarcación). Explica que en el primer
fin de semana de septiembre habrá reunión de treinta comunidades y decidirán
qué hacer. Están dolidos porque un dirigente wichí, histórico defensor del
monte nativo, acaba de hablar con medios provinciales y propone alianzas con
las empresas del agro para desmontar.
“No sabemos
si lo amenazaron o qué pasó. Sabemos que nosotros queremos nuestro monte”,
aclara Paz e insiste: “No nos vamos a ir y no vamos a dejar que volteen el
monte”.
En enero
pasado, agrupaciones campesinas del chaco salteño (departamento Rivadavia Banda
Norte, en el noreste provincial) exigieron al Ministerio de Ambiente y
Producción que frenen los desmontes. Las organizaciones Unión y Progreso, Los
del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Comisión de Feria Rural Campesina,
Herencia
Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño denunciaron
sentirse “avasallados en nuestros derechos posesorios sobre la tierra que
habitamos y en la cual hemos trabajado y construido nuestras
vidas por generaciones; una vez más sentimos que se nos ignora, margina y
desconoce como ciudadanos poseedores de derechos. Solo se tienen en cuenta los
beneficios económicos que favorecen a unos cuantos y perjudican a toda una
población”. Aclararon que en ninguno de los permisos de desmonte, con supuestas
audiencias públicas, se consultó a las familias campesinas y comunidades
indígenas afectadas.
La primera
semana de agosto, comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy,
Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras (en el municipio de
Ballivián, departamento de San Martín), para defender el único monte que les
queda, quebrachos, palosantos, mistoles, algarrobos.
La Escuela
de Antropología de la Universidad Nacional de Salta emitió un dura declaración
pública en mayo pasado. “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los
desmontes autorizados por cuanto se estima constituyen una violación a la Ley
Nacional de Bosques y a los derechos consagrados de los pueblos originarios y familias
criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para
su supervivencia en un corto plazo”, alerta el primer párrafo de la
declaración.
Resalta que
para indígena y campesinos no es sólo bosque sino que el monte hace a su vida.
“La supervivencia se encuentra en grave riesgo como consecuencia de los desmontes
que no los tiene en cuenta en pos de un lucro privado para unos pocos que
contradice su supuesto desarrollo”, asegura los antropólogos de la UNSA,
precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la
contaminación. Cuestiona las “recategorizaciones” prediales y apunta al
gobierno provincial:
“Sus
acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución
Nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a
corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos
ambientales y humano”.
La Escuela
de Antropología de la Universidad de Salta no duda de que los desmontes implican
para los pueblos indígenas “una violación de sus derechos humanos” y avanza un
escalón más: “Este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse
como genocidio, a la luz de la legislación pertinente (Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, en su Artículo II, Inciso C, con rango
constitucional, según el Artículo 75, Inciso 22 de la Constitución Nacional) delito de lesa humanidad que
no prescribe.
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Limpieza de terrenos desmontados en Paraje
Saucelito. CC BY-NC-ND 3.0 - M.A.ƒ.I.A
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Cadenas utilizadas entre 2 topadoras
para arrasar con el monte. CC BY-NC-ND 3.0 - M.A.ƒ.I.A
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