La pedagoga Elizabeth Machicao, que ha observado la realidad del acoso escolar en más de 200 establecimientos, cree que criminalizar a los colegiales a título de bullying, como se hace en el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, es irresponsable y demagógico.
Mabel Franco / La Paz
Hay bullying en los colegios del país, ciertamente, pero no
es el problema más grave que viven los estudiantes. El consumo de alcohol, el
sexo y el consecuente embarazo precoz están mucho más presentes, afirma
Elizabeth Machicao, pedadoga con estudios en psicología que ha tenido la
oportunidad de ingresar a más de 200 establecimientos educativos en La Paz, El
Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Una experiencia que la lleva a afirmar que es
preciso investigar la realidad en los colegios, debatirla ampliamente y
proponer soluciones preventivas y de orientación más que las punitivas
contempladas en la recientemente promulgada Ley 548 (Código Niño, Niña y
Adolescente).
Una de las disposiciones del código establece que los
adolescentes que ocasionen daños físicos o muerte de sus pares por bullying o
acoso escolar tendrán una privación de libertad de uno a seis años.
Los mencionados problemas, bullying incluido, hace notar Machicao,
son consecuencia de la forma en que los adultos “vamos construyendo las
relaciones en sociedad y que, resulta evidente, tienen mucho de violencia,
discriminación, racismo, indiferencia, falta de solidaridad y una serie de
antivalores que ingresan en las familias y que de allí se llevan a los colegios”.
La criminalización de un adolescente “no sólo es la salida
más fácil, también es demagógica, pues por una parte no se ha sabido de casos
con daños tan extremos en Bolivia, atribuibles al bullying, y segundo, el
sistema para aplicar la norma difícilmente se pondrá en marcha”. Por ejemplo, ¿quiénes
juzgarán los casos?, ¿hay fiscales formados para ello?, ¿dónde están los
centros de rehabilitación?, ¿cuánto tomará reglamentar la norma? ¿cuántas malas
interpretaciones cabe esperar?
Lo más grave, sostiene Machicao, es que “se está dando un
arma a los adultos que, es previsible, será utilizada de la peor manera, tal como
se aprecia con los excesos a nombre de la ley contra toda forma de discriminación, y
las víctimas serán los adolescentes que, más que cárcel, necesitan ayuda,
orientación y acompañamiento”.
Elizabeth Machicao Barbery cree que el desconocimiento y la falta de interés de los adultos por el tema bullying se refleja en la total ausencia de reaccción sobre la disposición que abre una vía para llegar a adolescentes a la cárcel. "Basta ver cómo los animalistas arman lío por una ley para este ámbito; pero sobre los adolescentes no se dice nada".
Leyes a ciegas
La estudiosa del fenómeno afirma que no existe un trabajo de
investigación serio y amplio sobre las características del bullying y mucho
menos de cómo se presenta en Bolivia. Muchos casos que se califican como
propios de esta figura no son sino conflictos entre estudiantes que pueden
llegar a los golpes, a las enemistades, pero que son parte de una socialización
que ellos mismos superan.
Esa deficiencia de conocimiento, añade, hace que la norma
planteada, punitiva, sea irresponsable y que haga sospechar que es una copia de
disposiciones de otros países donde el acoso escolar y la agresión con riesgo
de lesiones y muerte son evidentes. En Argentina, Chile o México, el bullying ha
llegado a extremos gravísimos, “en Bolivia, no”.
Denuncias y voces que alertan sobre los riesgos del acoso
escolar se escuchan, sin embargo; “pero en general denotan un gran
desconocimiento de lo que es, qué tipos existen, cómo se lo identifica y cómo
se lo puede enfrentar”.
El bullying se da en el ámbito de la escuela, con raras
ocasiones en las que trasciende ese espacio (una fiesta del mismo grupo, una
excursión); se produce entre iguales (entre alumnos del mismo curso, con contadas
excepciones); es repetitivo y necesita de una tríada: acosadores, víctima y
observadores. “Hay que trabajar en las tres puntas”, señala la experta, y para
ello es preciso hacer seguimiento cercano y documentado.
Esto es lo que no existe en Bolivia. Los maestros y el
director de un establecimiento, que son quienes tienen la oportunidad de hacer
ese seguimiento, en general no están preparados para ello, “no disponen de las
herramientas”. Los colegios particulares cuentan con un psicólogo que puede
ayudar en esa misión; pero los fiscales, que son mayoría en el país, carecen de
este tipo de respaldo profesional.
Los padres de familia, que podrían y deberían participar
para prevenir, en principio, y colaborar en cuanto se detecte un problema, explica
Machicao, suelen ser los grandes ausentes –“cuando se organizan talleres, no
acuden”--, los que no tienen idea de lo que les pasa a sus hijos y los que, si surge
un lío, crean mayor conflicto en lugar de buscar soluciones maduras.
Las víctimas tienen un perfil de baja autoestima, de
carencia de habilidades sociales y por ello no se defienden. “Una chica a la
que le dicen ‘gorda’ y de inmediato reacciona poniendo en su lugar al agresor,
seguramente no volverá a ser molestada”. En el primer grupo, en cambio, se
ubican estudiantes a los que sus padres, sin tener idea del mundo en el que
viven, los envían “con un lluchito de lana a los 17 años, y de paso los forman
con un carácter tan débil que no saben cómo reaccionar. Es el perfil de la
víctima en potencia”. Ocurre también que hay chicos que no hablan con sus
padres o los que prefieren soportar de todo antes que exponerse a la vergüenza
de verlos llegar gritando y hasta darse de golpes con otros, situación que para
un chico es una carga demasiado pesada.
El agresor “no surge de la nada; hay que buscar la raíz de
su violencia, que puede ser un hogar en el que se maltrata o se le sobreprotege
al punto de que se le alimente la prepotencia, y ayudarlo a superar esa
realidad”. El peor error “es expulsarlo del colegio de inmediato o, peor, enviarlo
a una cárcel por seis años, pues es una forma de llevar el problema a otro
colegio o a la sociedad”. Hay que ver que “un muchacho que golpea, insulta o
agrede a sus compañeros hará lo mismo de adulto, en su familia, en la oficina,
etc.”.
Los observadores son clave para el bullying, sostiene
Machicao. El agresor los necesita y “apenas se corta esta arista, el problema tiende
a desaparecer”. De allí que es preciso trabajar también con el grupo mayor, en
el que suele haber indiferencia, falta de empatía o miedo, algo que suele
revertirse apenas se pide a los chicos, mediante talleres e instrumentos
adecuados, que se pongan en el lugar del otro”.
Un gillette en manos de adultos
inmaduros
Las agresiones físicas son, en
todo caso, hablando de bullying, las menos frecuentes en Bolivia, sostiene la
experta. “Las sociales, que denotan discriminación y racismo, son las más
graves. Y un insulto puede destruir a una persona. ¿Cómo se identifica este
tipo de acoso que puede salir del ámbito del colegio a través de la red (ciberbullying)?
¿Cómo se lo enfrenta?”.
La investigación, las campañas
preventivas e informativas, la dotación de herramientas para que el colegio
pueda identificar y enfrentar las situaciones son las salidas “más racionales y
responsables” y “esto es lo que las autoridades no han hecho y se han ido
directamente a cargar toda la responsabilidad a los adolescentes y entregar a
los adultos un gillette que habrá que ver cómo lo usan”.
El diputado Javier Zabaleta, que
ha promovido la incorporación de la sanción en el código, ha explicado que además
de la privación de libertad a la que se expone un adolescente que cause daños
físicos, los estudiantes que agredan psicológicamente “serán sancionados dentro
de las unidades educativas con los reglamentos de convivencia que elabore cada
escuela. Y que “el reglamento debe definir medidas preventivas informando a
toda la comunidad educativa: padres, estudiantes y profesores, sobre el acoso
escolar, físico, cibernético y psicológico”.
Es decir, desde el Estado “se
deslinda responsabilidades sobre el problema porque no se lo conoce; no se
entiende que el bullying, insisto, no es lo más terrible que un estudiante debe
enfrentar, que ahí están los miles de jóvenes en colegios como los de El Alto a
los que sus padres inscriben y no preguntan nunca más por ellos, salvo a fin de
año para saber si pasaron de curso; que ahí están los jóvenes sin más opción
que salir de las aulas para reunirse en una plaza a beber alcohol y buscar sexo
fácil; que ahí están las adolescentes con embarazos no deseados”.
Y algo más. El bullying no es el
mismo en La Paz que en Santa Cruz o en Oruro, no es el mismo en un colegio que
en otro. “Por todo ello, hablar de cárcel sin contemplar medidas serias para
ayudar a los adolescentes a responder en una sociedad rayada por los adultos, es
de terror”.
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