Nayra Indira Abal / La Pública
Tres
grandes ausencias, Venezuela, Ecuador y Bolivia, han marcado el Encuentro Regional de las Américas de la
Alianza Libre por el Gobierno Abierto, celebrado hasta este jueves en San José de Costa Rica. Estos países son los únicos en
Latinoamérica que aún no forman parte de la plataforma que promueve la
transparencia estatal y una participación ciudadana colaborativa a través de
los Gobiernos Abiertos.
Desde hace tres años, la Alianza por el Gobierno Abierto
(Open Government Partnership -OGP), trabaja con más de 30 países para establecer
alianzas, discutir desafíos de la
implementación de los Gobiernos Abiertos y generar mecanismos regionales de
apoyo e intercambio.
En Latinoamérica: Colombia, Argentina y Perú se
encuentran en la primera fase de implementación del Gobierno Abierto, mientras
que Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil están en la segunda parte de este ciclo.
El primer requisito para participar en esta Alianza es cumplir con los criterios de elegibilidad, es decir, demostrar un nivel mínimo de compromiso relacionado a principios de gobierno abierto en cuatro áreas claves: transparencia fiscal, acceso a la información, declaraciones patrimoniales y participación ciudadana. Esto supone formas de garantizar un acceso –real y efectivo- a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
El primer requisito para participar en esta Alianza es cumplir con los criterios de elegibilidad, es decir, demostrar un nivel mínimo de compromiso relacionado a principios de gobierno abierto en cuatro áreas claves: transparencia fiscal, acceso a la información, declaraciones patrimoniales y participación ciudadana. Esto supone formas de garantizar un acceso –real y efectivo- a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
En Bolivia se cuenta con la Ley de
telecomunicaciones 164, en la que se habla de Gobierno Electrónico y el uso de
TICs para el acercamiento con la ciudadanía, y el Decreto Supremo 214 que
aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sin
embargo la Ley de transparencia y acceso a la información todavía se mantiene
como “proyecto” desde el año 2008 (Para mayor información puede consultarse "¿Cómo anda la transparencia gubernamental en línea?", artículo de La Pública.).
Sergio Ardaya, de la ONG Bolivia Transparente, comenta “desde el Estado, como desde la
sociedad civil, debemos impulsar que haya una Ley de acceso a la información
pública. Hasta hace poco era uno de los requisitos para participar de esta
plataforma de Estados para el Gobierno Abierto, hoy por hoy ya no es un
requisito. Tengo entendido que Paraguay es uno de los últimos países que, no teniendo
una Ley de acceso a la información pública, ha podido ser parte de esta
plataforma”.
En este sentido, más allá de la creación y aprobación de
normativas, se requiere un fuerte componente de voluntad política y exigencia
desde la ciudadanía para que la gestión estatal en Bolivia sea transparente y
que se incluya a la población para una fiscalización real a través de los
Gobiernos Abiertos, los datos abiertos y, por ejemplo, las redes sociales.
Hasta que este debate se abra en Bolivia, el encuentro de
San José de Costa Rica nos deja una caja de herramientas para poder comprender
mejor lo que es un Gobierno Abierto y nos acerca las experiencias que se
generaron en estos años de trabajo. Puedes acceder a este trabajo y revisar información adicional en su sitio web. En Twitter se puede conocer más del tema a
través del hashtag #OGPSanJose.
Para contactarlos a través de sus redes sociales y tener más información sobre el evento en específico.
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